AMLO y la amenaza a la transformación educativa: el “amor” con poder se paga…

0

“Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social”. Jacques Delors

La transformación educativa

Peligra, para variar, la transformación educativa en México, y en esta ocasión ha tocado el turno a Andrés Manuel López Obrador encabezar la amenaza. El ultimátum es tan claro como patético e hiriente: “acordar” —primeramente y de forma privilegiada— con aquellos que hasta hace poco (algunos todavía) tenían secuestrada la educación. Palabras más, palabras menos, negociar en los términos de —y siguiendo la agenda que— unos de sus dirigentes impongan. Claro, todo esto en voz prestada de Madero, Juárez, Cárdenas y otros próceres de nuestra Patria, que López Obrador quiere emular.

Lejos han quedado los días en que el candidato presidencial por Morena denunciaba —y con justa razón— los contubernios de las administraciones federales y locales con los líderes gremiales y guías disidentes del sector educativo; ahora, desestimando los enormes esfuerzos para iniciar —que no concluir— esa transformación educativa a partir de una reforma aprobada en el 2013, ha decido aliarse con los detractores de ese progreso educativo y, de paso, hacer de ellos su brazo político de protección del voto el día de la jornada electoral. Están leyendo bien: algunos maestros —encargados de la función de docencia de nuestras futuras generaciones— la harán de defensores del voto de un partido político. Es de escándalo, y sin embargo pocos dicen y hacen algo al respecto. De verdad, ¿tan ciegos y tan conformistas nos hemos vuelto? Es respetuosa pregunta.

La Reforma Educativa, promulgada en México en 2013, responde (que no satisface aún) a las necesidades de servir el interés de la niñez y juventud mexicanas. Pero constituyó solo el banderín de salida; ahora se requiere secundarla con una profunda evolución educativa. Dicho de otro modo, la (bien o mal llamada) Reforma Educativa “ya fue”; se trató de una serie de cambios institucionales a nivel constitucional y en la legislación secundaria. Lo verdaderamente sustantivo le sigue: la transformación educativa.

El arte de gobernar

El arte de gobernar —poner en marcha políticas públicas, entre otros muchos aspectos— conlleva, en mayor o menor medida, una pérdida de popularidad del gobernante y un descrédito de los burócratas que integran la administración en funciones. Nadie se salva; vaya, el desgaste es inherente a gobernar.

A modo de ilustración —y para continuar hablando de grandes figuras nacionales—, las consecuencias de la Revolución Mexicana, desde el levantamiento maderista hasta el triunfo del constitucionalismo, se vieron reflejadas en una pérdida de espacios de gobernabilidad de los presidentes en turno. Con miras a resolver estas complejas problemáticas, los gobiernos emanados del PNR —y luego del PRI— se vieron amenazados por el surgimiento de “grupos facciosos”, algunos de ellos inscritos en el sindicalismo mexicano. A nivel estatal, el fenómeno se reveló más acuciante pues los gobiernos se enfrentaron a las secuelas del porfirismo, caracterizado por un alto centralismo, en detrimento del sistema federal. Estos vacíos de gobernabilidad fueron llenados (aunque no haya sido lo adecuado) por otros poderes fácticos, algunos de los cuales hipotecaron, durante décadas, el desarrollo de la educación en México.

El problema es que, si bien los sindicatos en el mundo suelen representar los intereses de un gremio en favor del respeto de sus derechos laborales frente al Estado y las grandes corporaciones, el sindicalismo mexicano buscó ocupar los espacios de gobernabilidad que el Estado mexicano no fue capaz de satisfacer tras el fin del conflicto armado. Nuevamente, claro ejemplo de ello fue el Sindicato Nacional para los Trabajadores de la Educación (SNTE).

La Reforma Educativa y el Magisterio Nacional

El SNTE se consolidó, tras su surgimiento en la década de los 40s, como un poder fáctico de control ante el gobierno federal y en un buen número de entidades federativas. Los espacios de gobernabilidad no recuperados por el Estado fueron aprovechados por el sindicato para ejercer coerción sobre los gobiernos para los nombramientos de funcionarios de las secretarías de Educación, la asignación de plazas docentes y la venta y herencia de derechos laborales, condicionando la gobernabilidad como ficha de cambio. En suma, el sindicato se erigió como rector de la política educativa.

La más importante de las reformas de 2013 —así llamada por el presidente Peña— como resultado de los acuerdos partidistas alcanzados en el marco del Pacto por México, se inscribe en el grupo de políticas públicas de carácter regulatorio (las políticas de carácter regulatorio lastiman intereses particulares en favor del interés general, muchas veces con miras a largo plazo y orientadas hacia la sustentabilidad). Dicho de otro modo, mientras la búsqueda del bienestar general conlleva una oferta educativa de calidad a niños y jóvenes que permita, a la postre, el desarrollo nacional, los intereses gremiales opuestos a la transformación de la educación se ven lastimados ante la acción del Estado.

Aunque la Reforma Educativa (y, todavía más, una futura transformación para alcanzar la mejora educativa) representa una amplia evolución y un complejo articulado de aristas, un buen número de opositores, afanosos de pervertir el espíritu de esa larguísima transformación la han llamado “reforma laboral”. Ellos aseveran que la Reforma solo se remite a la evaluación del Magisterio y que es de carácter punitivo, pues busca lastimar los derechos laborales de los maestros. Engañosamente dejan de lado la evaluación de todos los estudiantes, de la infraestructura escolar, la autogestión de las escuelas, la transformación a los programas de estudio, y un larguísimo etcétera.

Más aún, recordemos que, como respuesta en el campo legal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de la Reforma privilegiando el derecho de los niños y jóvenes a recibir una educación de calidad por encima de los derechos adquiridos de los maestros. De hecho, no hay que olvidar que las iniciativas de reforma promovidas por los presidentes Fox y Calderón fracasaron, en buena medida, por la alianza consolidada con la lideresa sindical, Elba Esther Gordillo.

Esta experiencia fue la que justamente evidenció la necesidad, en aras de una transformación educativa, de una reforma a los métodos de asignación de plazas docentes; lo que los grupos cercanos a López Obrador han llamado reforma laboral. Pero lo cierto es que resultaba evidente la inviabilidad de una reforma en el aula sin la previa desarticulación del corporativismo sindical. Eso es indiscutible. La lógica de la Reforma Educativa respondió a que, previo a una transformación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, era necesario desarticular el control sindical —y de sus grupos subversivos como la sección 22 de Oaxaca— sobre la educación en las entidades federativas. Una vez que el Estado mexicano hubiese recuperado la rectoría de la educación, sería posible COMENZAR la transformación en las aulas.

AMLO y la manipulación política

Así, algunos críticos de la Reforma claramente se adelantan en el tiempo y han argumentado que la iniciativa ha fracasado, pues así ha sido demostrado en los mediocres resultados de los niños y jóvenes en las pruebas de resultados de logro, como PISA y PLANEA. Este discurso responde a una manipulación política alimentada por el desconocimiento y el maniqueísmo. Desconoce, nuevamente, que lo fundamental es la TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA futura, no la Reforma Educativa. La prueba PISA y demás instrumentos de evaluación de logro miden los conocimientos de los alumnos adquiridos durante toda su vida. ¿Cómo podemos esperar resultados de logro educativo si por décadas la educación estuvo sometida a los intereses de grupos ajenos a la educación? Por favor, seamos congruentes.

Andrés Manuel López Obrador supone una amenaza para la educación en nuestro país. El candidato ha reiterado su voluntad de cancelar el futuro de la transformación educativa y de convocar un congreso nacional donde los maestros tengan voz y voto. Esto supone renunciar a la rectoría del Estado sobre la educación y volver al clientelismo sindical que por décadas secuestró la educación en México.

El posible futuro presidente López Obrador —una vez instalado en Palacio Nacional— puede instruir la suspensión, a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP, de la evaluación magisterial. A la luz de la ley del SPD, aunque existiese voluntad de las entidades estatales de dar continuidad a la evaluación, la decisión de la SEP supondría un golpe mortal a los procesos de evaluación, pues la ley del SPD establece un complejo articulado jurídico que obliga a una colaboración interinstitucional entre el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), la SEP y las autoridades educativas locales.

Por otro lado, se antoja poco probable un enfrentamiento de los gobiernos de los estados y el Ejecutivo Federal.  Los gobiernos de las entidades federativas, ante la ausencia de capacidades recaudatorias, dependen de las transferencias federales. Ante un posicionamiento público del presidente y de la SEP, los gobiernos estatales, muy probablemente suspenderían la parte de la evaluación docente que les corresponde de acuerdo a la Ley. Esta realidad anticipa un alineamiento de los gobernadores al presidente de la república.

En la arena legal, ante este panorama funesto, las entidades federativas contravendrían la ley federal y el ordenamiento estatal, pues como resultado de la Reforma, los congresos locales armonizaron sus leyes con la Carta Magna y las leyes federales secundarias.

El presidencialismo mexicano y el futuro del país

El presidencialismo mexicano, como resultado de los avatares del siglo XIX, hizo del titular del Ejecutivo una figura cuasi omnipotente en la dirección del destino del país. Si bien la alternancia en 2000 coadyuvó al fortalecimiento de los estados como entidades autónomas, claramente persiste la dependencia hacia el gobierno central.

El desafío de López Obrador a la transformación educativa contravendría el tercero constitucional y las leyes secundarias. El INEE, en respeto a su autonomía y en cumplimiento de su mandato legal, estaría facultado para iniciar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, las posibilidades de un desacato, por parte del Ejecutivo, de una orden de la Corte, son altas, debido al talante autoritario del potencial presidente.

En esta tesitura, López Obrador ha demostrado, a lo largo de su carrera política, su profundo desdén hacia las instituciones del Estado. Ha acusado a la Suprema Corte de servir los intereses de la mafia del poder y de atentar con los intereses del pueblo. Por lo anterior, una exigencia de la Corte de reanudar los procesos de evaluación, de acuerdo a la ley, podría ser desatendida, ignorada o contravenida por el titular del Ejecutivo y por la mismísima Secretaría de Educación Pública.

El candidato de Morena, en su libro La Salida, asegura que las reformas estructurales deberán ser sometidas a una consulta ciudadana. El enunciado, si se concreta, implica una violación del orden legal, pues los referendos no forman parte del derecho constitucional mexicano. Sin embargo, el presidente, en una clara ruptura de la ley, y con el poder que le otorga la Presidencia y el control del aparato del Estado, podría considerar hacerlo al margen de la misma.

De igual forma, como lo hiciese en 2006 con el bochornoso espectáculo en el Zócalo de la capital, López Obrador amenaza el orden constitucional, y con ello, el Futuro de la Mejora Educativa. El candidato pone en el peligro la viabilidad de un México próspero, incluyente y con educación de calidad; la esencia misma de la paz, la libertad y la justicia social.

Leave A Reply

error: Content is protected !!