Piden que se establezca 18 años como la edad mínima para casarse

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En instalación de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, que preside la panista Josefina Vázquez Mota, el representante de Unicef en México, Christian Skoog, recomendó reformar el Código Civil Federal para establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio.

Además, asegurar que las niñas y adolescentes madres puedan acceder a la seguridad social sin necesidad de contraer matrimonio, así como otras leyes para prohibir expresamente el castigo corporal y ampliar los periodos de licencias de maternidad y paternidad.

El artículo 148 del Código Civil Federal aún permite el matrimonio desde los 14 años en el caso de las adolescentes y 16 para los adolescentes, en contravención de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, expedida por el Congreso en diciembre de 2014.

Hasta el año pasado, si bien con la reforma al Código Civil de Chihuahua todos los estados del país habían establecido los 18 años como edad mínima para casarse, aún dos Códigos Civiles estatales permiten que las personas puedan casarse antes de los 18 años por determinación de un juez o una autoridad administrativa.

Baja California y Querétaro fueron las entidades exhortadas por ONU-DH, ONU Mujeres, UNFPA y Unicef para armonizar sus legislaciones estatales conforme a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a los tratados internacionales de derechos humanos.

El pasado 5 de julio, el estado de Guanajuato publicó en su Gaceta Oficial las reformas al Código Civil del estado que prohíben las dispensas por causas justificadas el matrimonio en personas menores de 18 años.

Organizaciones de la sociedad civil junto con Unicef identificaron una serie de reformas legislativas de carácter prioritario que consideran necesarias para que los derechos plasmados en la Ley General sean efectivos en la vida de los más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes en México.

Al respecto, Christian Skoog compartió ante los senadores integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, la necesidad de reformar la Ley General para dotar de mayor autonomía técnica y financiera las procuradurías de protección de la niñez a fin de proteger y restituir efectivamente sus derechos.

Además, fortalecer las capacidades de las secretarías ejecutivas de los Sistemas Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), en los tres órdenes de gobierno para formular políticas públicas integrales de derechos.

Igualmente importante, subrayó que el Programa Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (Pronapinna) logre la articulación de las políticas públicas de los ámbitos federal, estatal y municipal por lo que se requiere modificar la ley de planeación.

También es necesario armonizar distintos ordenamientos jurídicos como armonizar la legislación penal para que el Ministerio Públicoejecute oportunamente medidas de protección especial ante delitos y situaciones de violencia contra la niñez a la vez que se penalice el reclutamiento forzado.

La legislación civil, administrativa y penal para asegurar la participación efectiva de las niñas, niños y adolescentes en los procedimientos; y la Ley General de Educación para armonizarla con el capítulo de derechos a la educación de Ley General de Derechos de la Niñez.

En el contexto de violencia que vive el país, Skoogseñaló que la prevención y atención de la violencia centrados en la niñez y adolescencia, desde un enfoque integral que promueva la cultura de paz, debe ser una prioridad.

“Estamos convocados a la suma de esfuerzos y de voluntades entre todas las fuerzas políticas a fin de que todas las niñas, niños y adolescentes tengan una vida digna, con igualdad de oportunidades y libre de violencia”, expresó al refrendar el apoyo de Unicef para la asistencia técnica.

Con información de Quadratín

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