El gobierno y los hospitales privados deben llegar a acuerdos, pero para beneficiar a la gente, no para pagar costos de empresas de salud.
El senador Germán Martínez —abogado, aliado de Felipe Calderón durante años, es decir, suficientemente de derecha a pesar de su militancia en Morena— propuso en un artículo publicado en Reforma lo siguiente:
“Estatizar temporalmente, con indemnización por uso, hospitales privados en la zonas de mayor riesgo”.
Germán Martínez, en Reforma.
Interpreté ayer en una columna, al parecer erróneamente, que el senador Martínez sugería una expropiación temporal de hospitales. El término correcto, me han dicho varios abogados, debió ser el de requisa, que por definición es temporal, mientras que la expropiación es un acto definitivo.
En lenguaje de no especialistas —el único que utilizo— requisa y expropiación son sinónimos. El hecho es que sugerí que podría llevar a una expropiación o requisa de hospitales privados la ambición de algunas personas decididas a aprovechar la pandemia del coronavirus para hacer negocio.
Funsalud y la Asociación Mexicana de Hospitales Privados
Específicamente cuestioné a dos hombres —un directivo y un propietario— ligados a importantes nosocomios particulares, Guillermo Torre, rector de TecSalud, de los hospitales San José y Zambrano Hellion, de Monterrey, y Mario González, del Centro Médico Dalinde de la Ciudad de México y, por lo visto, vocero de la Asociación Mexicana de Hospitales Privados; el otro actúa como portavoz de Funsalud, Fundación Mexicana para la Salud.
Los dos dijeron al diario Reforma que buscan una “alianza” con el gobierno para “colaborar” en la crisis del coronavirus. ¿Colaborar? Por supuesto es broma. Y es que, en realidad, lo que plantean es aportar sus instalaciones para el combate al coronavirus, pero a cambio de un pago justo, esto es, que supuestamente no les genere utilidades.
Así las cosas, han hablado de apoyar al sector salud “a costo”, vale decir, teóricamente sin ganancias.
La verdad de las cosas, solo están dispuestos a realizar lo anterior —tal como ellos mismos lo admiten— porque tienen capacidad ociosa de sobra, ya que mucha gente, por temor al Covid-19, ha pospuesto todos los procedimientos médicos no urgentes o esenciales.
El propietario del Centro Médico Dalinde habló de que la industria hospitalaria privada tiene 70% de sus camas disponibles para que el gobierno las utilice “a costo”.
“A costo”, vaya una expresión tan indeterminada como embustera.
Claramente dijeron a Reforma que están negociando con el gobierno un pago que sea equivalente al “costo”, y esto quisieron presentarlo como un acto de gran generosidad de parte de ellos.
La pregunta es quién determina ese “costo”, que necesariamente varía según el hospital de que se trate.
Evidentemente lo que quieren es que el gobierno les pague las camas que ellos, por una caída en la demanda, no pueden vender. Es decir, de lo que se trata es de ganar.
En mi opinión los señores Guillermo Torre y Mario González no se están viendo altruistas, sino comerciantes.
El problema es que si en tiempos normales los comerciantes generan progreso y empleos, en las crisis apestan si les da por pasarse de vivos intentando lucrar con la tragedia de toda una sociedad.
No tengo la menor duda de que si tales propietarios de hospitales privados no cambian su actitud, obligarán al gobierno a expropiarlos o requisarlos cuando la evolución de la pandemia lo exija.
¿Hay opciones?
La requisa o la expropiación puede ser inconveniente para todos. Por más talentosos que sean los médicos, los técnicos especializados en el manejo de equipo hospitalario y el personal de enfermería del sector público o de las fuerzas armadas, les costaría mucho trabajo tomar rápidamente el control de infraestructuras de hospitales en algunos casos muy modernas —con sistemas computarizados complejos de expedientes clínicos y de laboratorios— que no conocen y que les exigirían un periodo de capacitación de al menos varias semanas, algo que en el combate a la pandemia podría ser catastrófico.
Veo una única opción a la requisa o expropiación: que los hospitales privados cooperen genuinamente con el gobierno sin pretender pasarse de listos.
Habría dos condiciones básicas
1.- El costo a pagar por la utilización de las instalaciones privadas lo determinaría el gobierno, no las empresas hospitalarias. Un criterio podría ser aplicar lo que en promedio cueste por día cada procedimiento en el IMSS.
2.- No modificar la estructura hospitalaria privada. Es decir, que cada centro médico siga operando en su área de especialidad.
Ventiladores para niños prematuros
Resultaría absurdo pretender, por ejemplo, que el personal de la Maternidad Conchita de Monterrey —que ahora tiene el feo nombre de Christus Muguerza—, con experiencia solo en ginecología y obstetricia se transformara, de pronto, en una unidad de cuidados intensivos para enfermos de Covid-19.
Sería criminal tanto para los infectados por el virus terrible como para las madres, los recién nacidos y quienes les atiendan, que en el mejor de los casos saben utilizar ventiladores para que terminen de desarrollarse los niños prematuros, pero nada más. ¿Ponerles a cuidar los respiradores de infectados por el coronavirus? Por favor.
La gente seguirá padeciendo enfermedades que matan, pero normalitas
Como seguirá habiendo embarazadas necesitadas de cuidado, si el sector salud se concentra en atender la emergencia del coronavirus, será razonable enviarlas a hospitales privados.
Y como a ellas, a los fracturados por caídas, los golpeados en accidentes, los que requieran una cirugía de próstata, los que no puedan aplazar un procedimiento urgente por el cáncer, los que sufran peritonitis, los intoxicados, los que demanden hospitalización por diarreas incontroladas, etcétera.
También, desde luego, los hospitales privados tendrían que atender a quienes se enfermaran por el coronavirus, pero solo en las áreas que ya dedican a la pandemia, que por elemental sentido común deben estar separadas del resto de los departamentos.
La logística para todo lo anterior, controlada por el Estado, no sería tan complicada. Un buen administrador de hospitales, y debe haber en México muchos con excelente nivel, resolvería el problema.
El gobierno pagaría lo justo —inclusive podría pagar menos si con cada paciente entregara insumos comprados a precios del sector salud, bastante menores, por el volumen, a los adquiridos por los centros hospitalarios privados.
De esa manera, la capacidad ociosa de los centros médicos privados la utilizaría el Estado pagando los mismos costos que en el Seguro Social o en cualquier otra institución pública de salud. Si los hospitales privados ganaran o perdieran —o quedaran tablas— con ello, no sería problema del gobierno.
Los hospitales privados que no quisieran aceptar el proyecto, pues, ni hablar, habría que requisarlos o expropiarlos… o como mínimo exhibirlos en las mañaneras; sí, como lo hace Ricardo Sheffield con la gasolineras miserables que abusan vendiendo excesivamente caros litros incompletos de gasolina de mala calidad.
¿Y los médicos?
Más o menos sencillo sería llegar a un acuerdo ético con los dueños de los hospitales privados —o en la emergencia requisarles o expropiarles las instalaciones si no quisieran colaborar—, pero las cosas se complicarían al momento de convencer a los médicos, acostumbrados a dejarse caer cobrando las consultas, por no hablar de las fortunas que piden por cada cirugía.
Si lo aquí planteado funcionara, el hospital privado no solo tendría que aportar a los pacientes del sector público sus equipos, camas, laboratorios, personal de enfermería, etcétera, sino también horas de consulta con los médicos que participen.
¿Cómo pagarles? En el costo del hospital va incluido todo, excepto los honorarios médicos. Ignoro si en el IMSS se pague a los cirujanos por cada operación y a los doctores por cada consulta. Hasta donde entiendo se les da un salario por todo lo que hagan. Es un sueldo decente, pero bajísimo comparado con lo que algunos de ellos cobran en su práctica privada.
Si el hospital del sector salud concentrado en el coronavirus mandara a un paciente a un centro médico privado, este tendría que garantizarle toda la atención, consultas y cirugías incluidas.
Será tarea de los propietarios y administradores de los hospitales privados convencer a los médicos con los que trabajan —a muchos de los cuales han enriquecido— de que en la emergencia tendrán que colaborar gratis cada vez que se les llame.
Los médicos que no acudan a un servicio social como el planteado, deberán ser exhibidos. No se me ocurre otro castigo. Conozco muchos, todos son honorables. Por lo tanto, pienso que solo la minoría se negará a apoyar a su gente en una etapa sumamente dolorosa de nuestra historia.
¿Y los dueños de los hospitales privados?
Conozco dos. Por uno de ellos meto las manos al fuego. He tratado ya durante muchos años a Olegario Vázquez Aldir, propietario de Grupo Ángeles, la empresa de hospitales más importante del país. Su compromiso con México es total. Su padre lo educó para apoyar a nuestra nación, y es patriota sincero. Por su sentido de la ética Andrés Manuel López Obrador lo tiene cerca. Olegario no le va a fallar al presidente de la república. Lo que tenga que hacer, lo hará. Gane o pierda dinero, aceptará lo que las autoridades le pidan. Olegario tiene autoridad moral en su empresa y no habrá médico, entre los excelentes profesionales que trabajan en los hospitales Ángeles, que se niegue a tender la mano a la gente.
El otro empresario de hospitales que conozco, Misael Uribe, de Médica Sur, era muy buen amigo de Luis Donaldo Colosio y Diana Laura Riojas. Años antes del magnicidio Donaldo me lo presentó y tuvimos, hace años, una buena relación. Le apasiona la medicina y no la dejó ni siquiera para cumplir con sus responsabilidades empresariales. Hace tiempo que no lo veo, pero lo recuerdo como un hombre con principios éticos, al que le hice daño por haber permitido una publicación en la revista Milenio. Fue algo muy injusto de lo que me arrepentí. Me disculpé, sí. Por cierto, en algún momento fue socio del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Si fuera necesario, Romo podría convencerlo de colaborar sin pretender sacar ventaja. Pero no habría necesidad de ello. Misael lo haría para no lastimar la memoria de Luis Donaldo y Diana Laura. No les puede fallar.
Hay un tercer gran hospital privado en la Ciudad de México, el Centro Médico ABC. No tiene precisamente un propietario. Se trata de una institución de asistencia privada controlada por un patronato. Es un nosocomio de excelencia, con médicos expertos, como el infectólogo Francisco Moreno, que deberían ser llamados por el gobierno para aportar sus conocimientos. Si desde hace más de 130 años, dice Wikipedia, invierte sus excedentes económicos en infraestructura médica y en actividades de impacto social, no debería tener ningún problema en apoyar, por las buenas —sin necesidad de coacción de ningún tipo—, lo que el gobierno del presidente AMLO decida.
Me decepciona una poco la actitud de Guillermo Torre, del Tecnológico de Monterrey. No es el dueño de los hospitales, de primer nivel, San José y Zambrano Hellion, pero de alguna manera es el que manda, al menos en el área médica. Es un gran cardiólogo. Andrés Manuel lo consideraría un genio si conociera su currículum —más impresionante que el de Hugo López-Gatell. Pero, tristemente, el doctor Torre se vio…, pues eso, chafa, en sus declaraciones a Reforma. Pensó en la situación económica de los hospitales que representa, no en la salud de los mexicanos.
Al rector de TecSalud quizá se le hizo fácil negociar con el gobierno federal porque, probablemente, algunos acuerdos convenientes para sus hospitales ha logrado con el gobierno de Nuevo León. Hizo un mal diagnóstico al pensar que era lo mismo venderle espejitos a El Bronco Rodríguez que al presidente López Obrador. ¿Que no se dio cuenta el doctor Torre que Andrés no cede ni ante la OPEP?
Creo que si los hospitales Ángeles, Médica Sur y ABC cooperan con el gobierno en lo que el sector salud les pida, todos los otros centros de salud privados de México lo harán. Se evitarán conflictos en los que no podrán ganar y, por lo demás, darán un ejemplo al Consejo Coordinador Empresarial y a la Coparmex acerca de que sí pueden llegar a acuerdos, positivos para todos, la iniciativa privada y la 4T, sí, el proyecto de Andrés Manuel que en mi opinión —al margen de la guerra sucia en su contra— tiene muy buena salud política y, por lo mismo, bien controlados los instrumentos del poder. Conviene no olvidarlo…, lo digo por algunos videos poco responsables, que de plano se pasan, se pasan; uno de ellos, reciente, de Beatriz Pagés. Así no, señora Pagés. Golpismo no.
