El expresidente Enrique Peña Nieto firmó, a unas semanas de dejar el poder, 10 decretos de reservas de agua, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2018, mismos que se consideraron en su momento como una herencia para su sucesor en la presidencia de una privatización del vital líquido.

El gobierno de la Cuarta Trasformación (4T) ha criticado la privatización de que fue objeto el agua en las anteriores administraciones federales y ha frenado proyectos que son intensivos en el uso de este líquido por empresas privadas, como fue el caso de la cervecera Constellation Brands, pero a pesar de esta acción la actual administración no ha diseñado una política en la materia ni ha revertido las políticas hídricas de los gobiernos anteriores.

Los decretos firmados por el extitular del Ejecutivo federal, que modifican la legislación relativa al uso del agua, fueron calificados por organizaciones civiles, académicos, científicos, así como por un número considerable de legisladores como un intento gubernamental para privatizar el recurso, facilitar el uso del líquido a empresas mineras y petroleras que practican la técnica del fracking para la extracción de gas e incrementar la probabilidad de un aumento generalizado de las tarifas del líquido para consumo humano.

La modificación que hicieron los 10 decretos para el uso del líquido es la de eliminar las vedas de casi 300 cuencas hidrológicas en el país, (que equivalen al 55 por ciento de lagos y ríos del país). Este cambio significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas.

Los diez decretos firmados por Enrique Peña Nieto abarcan diferentes zonas y ríos seleccionados que son: Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco), y Ameca (Nayarit y Jalisco).

El uso del agua es un tema muy delicado y es un derecho que está consagrado en la Constitución ya que el líquido es vital.

En México existen 34 millones de personas que dependen para el abasto del líquido de acuíferos en camino a la extinción, existe inequidad en la distribución del recurso e impunidad hídrica, y las concesiones mineras que cubren casi la mitad del territorio nacional dejan acuíferos y cuerpos de agua contaminados, por lo que se requeriría un nuevo modelo de manejo y gestión del líquido. Para muchos analistas las modificaciones que hacen los decretos que presentó el gobierno anterior no dan ninguna solución a estos problemas.

Las concesiones para uso y extracción de agua se han otorgado a particulares desde hace mucho tiempo en el país y actualmente existen dos tipos de concesionarios. Por un lado, están los pequeños y grandes agricultores y, por otro están, los corporativos de capital privado nacional y foráneo de empresas mineras, refresqueras, cerveceras, inmobiliarias, agroindustriales y ganaderas, avícolas, generadores de energía, lecheras, papeleras, textileras, campos de golf, entre otras, y estos corporativos pelean el vital liquido con los consumidores domésticos.

Hasta noviembre de 2018 los gobiernos que se conocen como neoliberales habían entregado a empresas privadas un total de 512 mil 321 títulos de concesión.

El ejemplo más emblemático de lo nocivo que son las concesiones de agua a empresas privadas por parte de la administración federal es la industria refresquera.

Desde 1994 se han otorgado a 16 embotelladoras alrededor de 27 concesiones hidráulicas en 10 estados y sobre 15 ríos; 5 en Aguascalientes; 2 en Zacatecas; 5 en Jalisco; 3 en Colima; 1 en Coahuila; 5 en Durango; 1 en Zacatecas; 1 en Guerrero y 1 en Morelia. La concesión más grande se otorgó en 2001 en el gobierno de Vicente Fox a la Embotelladora de Cuernavaca, por 1,353,000 M3 de agua subterránea de la cuenca del Río Balsas.

De las 27 concesiones de agua que se habían otorgado a las embotelladoras en 2005, 19 de estas fueron para extraer agua de las cuencas y 8 para descargar desechos en ellas. La extracción total de estas concesiones es de 9,422,990 M3 de agua por año, lo que equivaldría a 27 mil 713 millones de latas de Coca-Cola.

Las embotelladoras no solamente usan sus concesiones de agua para la elaboración de refrescos, también el líquido es utilizado para embotellarlo directamente o después de un leve tratamiento y hacer un gran negocio, ya que los mexicanos son los mayores consumidores per cápita de agua embotellada del mundo, seguido por Italia. Asimismo, México es el segundo consumidor mundial por volumen total después de Estados Unidos.

El dato que más impresiona es que los habitantes de Chiapas tienen grandes dificultades para acceder al agua potable a pesar de que el estado del sureste mexicano tiene una gran cantidad de caudalosos ríos, por lo que tienen que consumir refrescos embotellados para saciar la sed.

Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt), Chiapas es la región del mundo donde más se bebe Coca-Cola, el refresco favorito de los mexicanos.

El Conacyt se basa en un estudio que muestra cifras impactantes, como que el consumo medio de refresco por persona en este estado del sureste de México es cinco veces superior al del resto del país y 32 veces más que el promedio mundial.

Si el gobierno de la 4T quiere cambiar esta injusta distribución del agua y de ríos y manantiales, que ya están privatizados y muchas veces contaminados, debe hacer una auditoría urgente de las concesiones dadas por la Comisión Nacional del Agua y cambiar la política del vital líquido, en donde la mayoría de la población tenga acceso a este bien.