Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit de Roberto Sandoval, se apoderó de terrenos, casas y negociosTras su detención en EEUU, Veytia Camberros admitió que trabajó para el CJNG y para el cártel H-2
Le dicen “El Diablo” y durante años, traficó drogas a Estados Unidos, pero también se apoderó de bienes inmuebles que eran propiedad de gente trabajadora en Nayarit. Lo hizo torturando, secuestrando, amenazando de muerte y extorsionando. Era un delincuente incrustado en el gobierno del estado: el ex fiscal, Edgar Veytia.
Édgar Veytia, era amigo personal del entonces gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda. Antes de ser fiscal, Veytia Cambero fue jefe de la policía estatal.
Durante el gobierno del priista Roberto Sandoval, policías encapuchados dirigidos por Veytia extorsionaron a cientos de personas para despojarlas de casas, ranchos, negocios, bodegas, terrenos y dinero.
De acuerdo con una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que fue publicada en 2019, los primeros casos que se conocieron de esta situación surgieron entre mayo y junio de 2013, cuando un grupo de pequeños restauranteros, vendedores de flotadores para nadar y ambulantes que ofrecen comida en la playa de Guayabitos – en el municipio de Compostela– fueron a Tepic, la capital del estado, porque ya no soportaban más. Los pagos por derecho de piso, los secuestros, las amenazas de muerte y los asesinatos los estaban ahogando.
Apenas unas semanas antes, Édgar Veytia Cambero había sido nombrado Fiscal gracias a su amistad con el gobernador.
Todos sabían que bajo sus órdenes, operaba un grupo de encapuchados, armados y a bordo de camionetas sin placas. Se trataba de policías que habían sembrado el terror en Nayarit desde que Sandoval asumió el cargo de gobernador, según consta en los testimonios obtenidos para la investigación de MCCI.
Solo algunos pocos de los comerciantes afectados se animaron a entrar a la oficina del fiscal. Alguien pudo grabar el encuentro: antes de escuchar a los vecinos de Guayabitos, Veytia colocó una pistola con sus iniciales grabadas en la cacha sobre su escritorio.
A lo largo de la grabación de 54 minutos, en medio de la discusión, se escuchan gritos desesperados de una mujer. En al menos cinco ocasiones se oyen nítidamente los alaridos de alguien que sufre profundo dolor físico. Pide que paren, que se detengan. Pero ni Veytia ni sus guardaespaldas se inmutan. Los gritos y llantos siguieron.
MCCI hizo pública la historia del señor José Cruz Corchado, una de las primeras víctimas de Veytia que se atrevió a denunciar al, ese momento, poderoso fiscal. El señor Cruz Corchado, trabajó casi toda su vida en los ferrocarriles de Nayarit. Cuando se jubiló, compro ganado y un terreno cerca de la colonia Luis Donaldo Colosio en Tepic, zona que años más tarde se haría famosa y codiciada por su desarrollo comercial.
El señor Cruz Corchado fue obligado por Veytia y el gobernador Roberto Sandoval, a vender un terreno de 18,000 metros cuadrados ubicado junto al centro comercial Forum, a cambio de solo 800,000 pesos, dos combis usadas y dos casas con antecedentes de violencia.
La historia de extorsiones, despojos de tierras, amenazas, extorsión, torturas, feminicidio, secuestro y desapariciones forzadas en la entidad continuaron durante todo el sexenio del priista Roberto Sandoval.
Durante su gestión hubo un homicidio que acaparó la atención de la entidad: el 15 de diciembre del 2013 apareció muerta de 32 puñaladas Aurora Ponce del Ángel, quien trabajaba para el Servicio Médico Forense, un área bajo la responsabilidad de Veytia.
Según la versión oficial, a ella la asesinó su propia hija, Venus María Valdés. Las pruebas en su contra fueron un cuchillo y un dictamen en el que constaba que primero la durmieron con 15 pastillas de Diazepam mezcladas con pollo. Sin embargo, las pruebas periciales posteriores indicaron que en el cuerpo de la víctima no hallaron rastros de ese medicamento, y sobre todo, el tipo de heridas eran incompatibles con el grosor y tamaño de la supuesta arma homicida.
Venus María Valdés llegó a decir en una de sus declaraciones ministeriales que a su madre la asesinaron porque ella tenía información sobre “muchas cosas” que Veytia había cometido.
Pero además de cometer atroces delitos en contra de los ciudadanos nayaritas, “El Diablo” también estaba implicado con el narcotráfico y el crimen organizado.
Veytia dio todo su apoyo al llamado Cártel H-2, encabezado por Juan Francisco Patrón Sánchez, a cambio de sobornos. Bajo la protección de Veytia, el Cartel H-2 distribuyó cientos de kilos de drogas a Estados Unidos.
Pero también facilitaba que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) almacenara en Nayarit cargamentos de cocaína y precursores de drogas sintéticas que desembarcaban en el puerto de Manzanillo, Colima, que se encuentra a 473 kilómetros de Tepic. Los capos eligieron vivir en localidades nayaritas como Tepic, Bucerías, San Blas, Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta.
Desde su posición como fiscal, también habría obstruido las investigaciones y procesamientos de narcotraficantes en México, incluida la liberación ilegal de los acusados y el bloqueo de la detención de otros traficantes.
Reportes periodísticos señalan que desde los años 90, Nayarit se convirtió en un paraíso para los narcotraficantes.
En Tepic residía la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cuya casa llegó en automóvil tras fugarse de la prisión de Puente Grande, Jalisco, en 2001. Los hermanos Beltrán Leyva también usaron a Nayarit como refugio pero, sobre todo, como centro de reclutamiento de sus guardias.
El 2013 fue uno de los años más difíciles para los nayaritas. Los expedientes penales abiertos llegaron a 7,726. Tepic era el escenario de la guerra entre el CJNG y los hermanos Beltrán Leyva, pues se disputaban el territorio.
Edgar Veytia, quien también cuenta con la nacionalidad estadounidense, fue detenido el 27 de marzo de 2017 acusado de narcotráfico. Su arresto ocurrió en San Diego California cuando aún era fiscal en funciones.
Luego de su detención, Veytia Camberro confesó que trabajó para el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En septiembre de 2019, Veytia fue sentenciado a 20 años de prisión tras ser encontrado encontrado culpable de tres cargos por traficar drogas a Estados Unidos y fue condenado a cinco años de libertad bajo supervisión, así como a entregar un millón de dólares de activos confiscados.
Posiblemente el argumento con mayor peso en favor del “Diablo” fue su presunta colaboración con las autoridades estadounidenses en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.
Un año después de que fuera condenado en la Corte del Distrito Este de Nueva York, la defensa del ex fiscal interpuso una petición para volver a revisar su proceso condenatorio. El próximo 23 de diciembre la defensa del juez tendrá que presentar suficientes evidencias para demostrar por qué la sentencia debe reducirse o anularse.