El origen de mi Gobierno no podría ser explicado sin la fortaleza institucional de los organismos electorales, tanto en el orden local como en el federal; la posibilidad de que miembros de la sociedad civil accedan a espacios de representación popular, como en mi caso, sólo ha sido posible gracias a la lucha histórica de las fuerzas democráticas en el país y a la imparcialidad de los árbitros de las luchas por el sufragio.
Por ello en Nayarit somos respetuosos de nuestro sistema democrático, confiamos plenamente en él y creemos que debe fortalecerse para permitir a los ciudadanos una mayor participación en las decisiones del poder público, como así lo hemos experimentado, pues con mecanismos de consulta definimos parte de nuestro gabinete inicial, establecimos el marco para el modelo de desarrollo local 2050, y se ha decidido el tipo y destino de obra pública. Crear espacios de diálogo y acuerdos donde por años reinó el conflicto, ha sido muy productivo en nuestra entidad.
Hoy nos encontramos en un nuevo proceso electoral y desgraciadamente nuestra administración está imposibilitada para cumplir los respectivos compromisos financieros. Desde el primer día del Gobierno, nos enfrentamos a una carga de deuda bancaria y con terceros institucionales (SAT, ISSSTE, IMSS) de aproximadamente 7000 millones de pesos. Atender dicha responsabilidad financiera ha implicado enormes sacrificios, pues está muy por encima de la capacidad de operación de la entidad y limita grandemente nuestro margen de maniobra para dar respuesta a los grandes problemas de los nayaritas, incluso a los compromisos históricos plasmados en los contratos colectivos de los trabajadores.
La irresponsabilidad y el saqueo de doce años, desplegados por dos gobiernos estatales precedentes y la complicidad desde las más altas esferas del centro del país, en ese mismo periodo, hoy nos cobran dolorosas facturas a los nayaritas. En tal virtud, la Fiscalía General del Estado de Nayarit tiene procesos abiertos contra decenas de ex servidores públicos del más alto nivel local, algunos ya sentenciados y otros prófugos. No cejaremos en nuestro empeño de hacer justicia contra quienes hipotecaron el futuro de una generación.
Entendemos perfectamente la preocupación de instituciones como el IEEN y el INE por que se haga lo necesario a fin de que el proceso electoral local se lleve a cabo sin contratiempos. Queremos cumplir con nuestra obligación, pero nadie está obligado a lo imposible, menos si eso implica afectar aún más los servicios de salud y educación de los habitantes de nuestro estado, así como el pago de salarios a la burocracia estatal.
Por lo anterior, solicito a todas las instancias del Estado mexicano involucradas, solidaridad para que los nayaritas puedan elegir a sus futuras autoridades el primer domingo de junio y hacer respetar su voluntad expresada en el sufragio.
Antonio Echevarría García
Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit
