Los grupos policiacos de Guadalajara y Gobierno del Estado, habrían hecho uso de la fuerza pública para contener a los furiosos manifestantes
Nadie en sano juicio debe pretender que surja otro caso Ayotzinapa, ¿Habrá quien sí lo quiera? En Jalisco y en México existe y está plasmado en nuestra Carta Magna el Estado de Derecho y a ello debemos apelar; exigir que en la muerte de Alejandro Giovanni López, ocurrida presumiblemente a manos de policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, las autoridades jaliscienses actúen en el marco de la ley, llevando a cabo las investigaciones, con procesos transparentes y castigando a los responsables del homicidio del joven albañil de 30 años de edad que desencadenó las protestas, violencia y disturbios de ayer en el centro de Guadalajara.
Sin menoscabo que desde ningún punto de vista se debe justificar la violencia, aún cuando ésta derive del abuso policial en contra de un ciudadano, es menester se entienda claro que la justicia debe exigirse por las vías adecuadas para ello, lo que incluye protestas y manifestaciones, pero efectuadas en forma civilizada y pacífica. Un acto de barbarie no debe ser motivo para que se cometa otro en defensa de quien lo propició.
Habrá que mencionar que hasta antes de esta semana, nada se sabía de Giovanni López y las condiciones en que fue asesinado, aún cuando su muerte habría ocurrido el 5 de mayo, un día después de que fue detenido por uniformados, siendo hasta que a través de un sitio informativo originado en el vecino país al norte se mostró un video de la detención y la aseveración de que el hombre había fallecido a causa de las lesiones recibidas durante su arresto, que la noticia comenzó a correr hasta viralizarse en redes sociales donde fue ampliamente difundido principalmente a nivel nacional pero también más allá de nuestras fronteras.
Familiares de Giovanni López denunciaron haber recibido primero una oferta de 200 mil pesos por parte del alcalde priísta Eduardo Cervantes Aguilar, para que no se difundieran los sucesos y tampoco se emprendieran acciones legales por el cruento crimen contra el ejecutado obrero más después, ante la negativa, trascendió por voz de la misma familia que presuntamente fue de nueva cuenta el presidente municipal quien los amenazó con severas represalias usando su poder político local si hacían público el asesinato.
Y aunque Cervantes Aguilar ha negado por completo esos señalamientos, se privó de acudir a declarar este viernes, pues no asistió a la cita que tenía a las 12 del día con el agente del Ministerio Público que lo esperaba en las instalaciones de la Visitaduría de la Fiscalía de Jalisco.
De acuerdo con lo informado ayer por el Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez el alcalde fue citado para que declarara en torno a la muerte de Giovanni López, sin embargo el edil no acudió ni mandó a alguien en su representación. Pero también está citado para presentarse el próximo lunes para que declare en torno a otra carpeta de investigación, y ya veremos si acude o una vez más los deja plantados.
La Fiscal Estatal ha informado que el Edil del pequeño municipio ubicado entre la urbe tapatía y Chapala deberá responder además ante funcionarios ministeriales en relación a otros presuntos actos criminales en los que aparentemente resulta vinculable.
No se puede desestimar que fue, quizás, estando tan al rojo vivo las manifestaciones y protestas en nuestro vecino país del norte tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente de la policía en Minnesota, que la gente no tardó en compararlo y “retar” a través de las mismas redes sociales a que el acto criminal con características similares en que Floyd y Giovanni López perdieron la vida, se reprochara de la misma forma, generando que jóvenes se coordinaran para iniciar una manifestación realizada el pasado jueves 4 de junio que partiría del llamado parque rojo ubicado en céntrica zona de la Ciudad de Guadalajara, hasta llegar al Palacio sede del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, siendo que llamó la atención se acordara hacer el reclamo al Gobierno del Estado cuando los presuntos responsables habrían sido policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos que tiene un gobierno municipal encabezado por Eduardo Cervantes Aguilar que llegó al cargo tras ganar la elección en 2018 postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de quien se dice tiene como antecedentes señaladas acusaciones de violencia y abuso de autoridad al ejercer su mandato como cabeza de la administración pública municipal y por ello a cargo jerárquico principal de la fuerza pública del municipio que dicho sea de paso ha sido citada en diversos momentos como autoritaria y contumaz violatoria de los derechos humanos fundamentales de ciudadanos que habitan o transitan en esa localidad municipal.
El caso es que a Ixtlahuacán de los Membrillos, un poblado con menos de 60 mil habitantes ubicado en la zona centro del estado colindante al sur con el Lago de Chapala, no llegaron las protestas, pues se concentraron en Guadalajara, donde participaron alrededor de entre 400 y 500 personas, entre ellas algunos presuntos infiltrados que provocaron destrozos a edificios históricos, negocios y mobiliario urbano, incendiando además dos patrullas de la policía de Guadalajara y llevando la violencia al extremo de prenderle fuego a un agente de la policía motorizada, quien afortunadamente salvó la vida.
Los grupos policiacos de Guadalajara y Gobierno del Estado, habrían hecho uso de la fuerza pública para contener a los furiosos manifestantes utilizando gas lacrimógeno, y lanzando artículos que los mismos inconformes les arrojaron previamente.
En torno a lo sucedido diversos videos circulan en las redes sociales, pero dos de ellos han captado la atención particularmente; el ya mencionado momento en que un joven vacía un bote de thinner sobre la espalda de un agente y le prende fuego, y otro en donde un grupo de policías lleva a un detenido y uno de ellos lo golpea violentamente por la espalda en la nuca dejándolo inconsciente. De acuerdo a la información que ha trascendido se trata de Said Luna, de quien no se sabe haya cometido actos que sustentaran su detención ni mucho menos la violencia excesiva ejercida contra él para someterlo, quien al parecer ya fue liberado más mostrando severas huellas de daño físico.
La noche del mismo jueves 4 del mes en curso, a través de un video que compartió en sus redes sociales, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, dio a conocer el saldo de la trifulca y anunció que había 27 personas detenidas tras los desmanes y que posteriormente daría a conocer nombres de cada uno de ellos y su situación procesal con total transparencia.
Pero también dirigió acusaciones al Gobierno federal, señalando tiene pruebas de que “desde los sótanos del poder” se habrían orquestado los actos violentos ocurridos en la manifestación, y aunque esta mañana matizó la postura y dijo que sigue creyendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador “es una gente de bien, que no está dando estas instrucciones”, insistió en que gente de su partido está interesada en desestabilizar a Jalisco y señaló: “Pero también le digo con claridad al Presidente de México que su gente cercana, que gente de su Gobierno, gente de su partido, está apostando por la violencia como una ruta para seguir manteniendo el poder, para seguir cuidando sus intereses y sus agendas personales”. Alfaro le dijo al Presidente que él como Jefe de Estado “está obligado moralmente” a atender la petición que hace el Gobierno de Jalisco.
El Presidente López Obrador dijo la mañana del viernes 5 de junio que en efecto tiene diferencias con Enrique Alfaro, pero que él es el Jefe del Estado mexicano, no de grupo o de partido y refutó: “No me meto en cuestiones partidistas por respeto a la investidura presidencial”, y en esa forma rechazó López Obrador que el Gobierno federal vaya a intervenir en el caso que desató protestas ayer, para no ser malinterpretado y expuso: “Nos hacemos a un lado. No es la primera vez que tenemos diferencias [con Alfaro]y no respondemos. Somos respetuosos de la independencia y la soberanía de las autoridades locales”.
No es desproporcionado sumarse al reclamo de justicia por el crimen perpetrado contra Giovanni López y seguir exigiendo acciones efectivas de las autoridades estatales al respecto, no obstante se sabe que desde temprana hora de este viernes, se anunció que la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad del Ejecutivo en Jalisco intervinieron la Comisaría de Seguridad Pública de Ixtlahuacán de Los Membrillos y existen ya tres detenidos con orden de aprehensión que son el comisario, un mando medio y un agente de policía de la corporación de seguridad pública municipal. Será pues necesario que el gobierno de Jalisco actúe ahora sí rápidamente en consecuencia a lo ocurrido a Giovanni López, que deslinde responsabilidades y se castigue conforme a derecho a quienes participaron en el presunto asesinato.
Pero también es importante sumarnos al reclamo que tanto sociedad como gobiernos hacen por la violencia ejercida por quienes habiéndose involucrado perversamente en la manifestación que devino en trifulca, daños a las cosas así como lesiones e intento de homicidio contra un elemento policial, repudiando el que existan criminales articulando – sea desde dentro o fuera de la entidad- la irrupción de agentes promotores de agitación social que detona violencia y provocan se manche el lícito y por demás justificado movimiento social de expresión del reclamo de justicia y cese de la violencia y abuso policial donde sea que se presente cómo fue ahora el caso del crimen contra Giovanni López.
Ante lo ocurrido tras las manifestaciones en palacio de gobierno en Guadalajara es exigible a las autoridades que informen con total transparencia la situación legal de los 27 detenidos y sean motivo de procesos adecuados en los que tras desahogarse los protocolos jurídicos debidos se deslinde responsabilidad y se determine sentencia y sanción ejemplares acorde a lo que las normas así determinen en estricto apego a derecho, debiendo además revisarse y analizar las actividades de las fuerzas del orden para determinar lo conducente en relación a la infortunada acción contra personas que como el citado joven Said Luna pudieren no haber sido legalmente sujetos a detención además que deba exigirse prevención para evitar resulten de nuevo en ocasiones posteriores hechos de violencia extrema vejando a ciudadanos al ejercer su tarea las fuerzas encargadas de propiciar el orden público. Pero lo fundamental es que se aproveche el repudio casi generalizado a los hechos arteros contra Giovani López -a lo que se ha sumado el propio gobierno de Jalisco- para que se trabaje afanosamente en aras de evitar que se sigan presentando deleznables actos como el asunto que ahora retumba en Jalisco y no exista riesgo que aparezcan episodios que nos recuerden las atrocidades del caso Ayotzinapa.
